Vertederos y Vergüenza Torera ( por Antonio de la Rosa)

Antonio de la Rosa

«Resulta difícil entender que un problema tan evidente, documentado y denunciado durante años por ciudadanos y colectivos ecologistas nunca haya despertado un verdadero interés político, ni cuando unos gobernaban ni cuando lo hacían los otros»

Hay pueblos que presumen de su patrimonio, de sus parques o de su calidad de vida. Utrera podría presumir, si quisiera, de haber normalizado lo que nunca debió aceptar: convivir con vertederos ilegales hasta el punto de que ya forman parte del paisaje.

El de titularidad municipal más visible se encuentra junto a la piscina municipal, prácticamente taponando una de las escalinatas de acceso al abandonado parque periurbano. Otro ocupa la confluencia de las calles Transporte, Navegación y Almazara. Existen además otras parcelas municipales donde, desde hace años, se acumulan escombros procedentes de actuaciones públicas. Al margen de estos vertederos institucionales, basta recorrer los caminos que rodean Utrera o mirar por la ventanilla del tren para comprobar que el problema no es puntual, sino estructural.

Lo paradójico es que el propio Ayuntamiento exige a cualquier vecino que realice una obra que gestione correctamente sus residuos y los entregue a un gestor autorizado de RCD. Esa exigencia es lógica y necesaria. Lo difícil de comprender es que los ciudadanos perciban una diferencia entre el rigor con el que se les exige cumplir la normativa y el aspecto que presentan determinadas parcelas de titularidad pública.

Información

En marzo de este año y al amparo de la Ley 27/2006 de acceso a la información ambiental, solicité al Ayuntamiento conocer los contratos suscritos con gestores autorizados para el tratamiento de residuos de construcción y demolición. Hasta la fecha no he obtenido respuesta. Cada cual puede extraer sus propias conclusiones de ese silencio.

Surge entonces una pregunta inevitable. ¿Quién responde políticamente por esta situación? ¿Solo el alcalde? ¿Los concejales con competencias en Obras, Urbanismo, Medio Ambiente, Economía o salud pública? ¿O toda la corporación municipal?

Porque gobernar no consiste únicamente en inaugurar proyectos. También consiste en responder por aquello que permanece sin resolver durante años. Cuando una Administración dispone de competencias, de medios y de un marco normativo suficiente para actuar y, aun así, permite que un problema se prolongue durante décadas, la inacción deja de ser una simple demora para convertirse en una forma de responsabilidad institucional.

Pero tampoco la oposición puede refugiarse en la comodidad de señalar al gobierno. Fiscalizar es una obligación, no una opción. Lo verdaderamente llamativo es que, después de más de cinco décadas alternándose en el gobierno y en la oposición, ninguno de los dos grandes bloques políticos haya convertido nunca los vertederos en un verdadero motivo de confrontación municipal. Un problema tan visible habría sido, en cualquier otro lugar, un arma política de primer orden. En Utrera, sin embargo, ha reinado un silencio tan persistente como los propios escombros. Cuando quien gobierna no resuelve un problema y quien está en la oposición tampoco lo utiliza para exigir responsabilidades, el fracaso deja de pertenecer a un partido para convertirse en un fracaso colectivo de toda la corporación.

Las ordenanzas municipales sobre residuos son, sobre el papel, impecables. Casi recuerdan a la isla de Utopía, de Thomas Moro: todo previsto, todo regulado, todo resuelto… al menos sobre el papel. El problema comienza cuando uno abandona ese papel que todo lo aguanta y pisa el terreno.

Denuncias ciudadanas

Durante años numerosos utreranos hemos denunciado estos vertederos ante el Ayuntamiento, la Delegación Provincial de Medio Ambiente, el SEPRONA y el Defensor del Pueblo Andaluz. Sin embargo, el paisaje apenas cambia. Resulta difícil entender que un problema tan evidente, documentado y denunciado durante años por ciudadanos y colectivos ecologistas nunca haya despertado un verdadero interés político, ni cuando unos gobernaban ni cuando lo hacían los otros. Cinco generaciones de vecinos han crecido creyendo que salir caminando al campo entre escombros es algo normal. Y quizá ese sea el mayor fracaso de todos: no la existencia de los vertederos, sino que hayamos terminado aceptándolos como parte del paisaje.

Y hay una cuestión de la que apenas se habla. Cuando señalamos al Ayuntamiento solemos pensar únicamente en los cargos políticos. Sin embargo, una administración no funciona solo con alcaldes y concejales. Detrás existe una estructura de funcionarios y técnicos cuya misión no consiste únicamente en ejecutar órdenes, sino también en velar por la legalidad de la actuación administrativa.

Servicio público

Conviene recordar que el funcionario público no debe obediencia ciega. Su primera obligación es servir al interés general y actuar con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Si una actuación pudiera ser contraria a la normativa, los mecanismos legales existen precisamente para advertirlo, informar en contra o negarse a participar cuando corresponda.

No se trata de repartir culpas indiscriminadamente entre todos los empleados municipales. Sería injusto. Pero tampoco resulta razonable aceptar que durante décadas puedan mantenerse situaciones tan visibles sin que, desde ningún nivel técnico de la Administración, se impulse con determinación una solución. Cuando un problema se perpetúa durante tantos años, atravesando gobiernos de distinto signo político, también obliga a preguntarse si la maquinaria administrativa está cumpliendo plenamente la función para la que existe: garantizar que la administración actúe conforme a la ley y al interés general.

Se hace preciso apelar a la vergüenza torera. Esa dignidad que lleva a alguien a reaccionar cuando comprende que una situación resulta ya insostenible.

Utrera no necesita nuevas ordenanzas. Tampoco necesita más declaraciones institucionales. Lo que necesita es que quienes hoy ocupan responsabilidades públicas -gobierno, oposición y quienes, desde la estructura administrativa, tienen el deber de velar por la legalidad- sientan, de una vez, esa vergüenza torera que obliga a actuar cuando ya no quedan excusas. Porque, después de tantos años, los ciudadanos ya no perciben únicamente una falta de iniciativa; perciben lo que jurídicamente podría calificarse como una omisión imputable de la Administración.